Antecedentes / Período de 1983 en adelante

 

 

 

 

1983 - 1989
La Guerra de Malvinas iniciada en 1982 terminó de debilitar al gobierno militar que se vio obligado a iniciar la transición con el llamado a elecciones en octubre de 1983.
Con la restitución de la democracia, se impulso una mayor participación y transformación de sectores hasta entonces pasivos.
A través de los planes FONAVI, surgieron nuevos concursos de anteproyectos, bajo las directivas de los Institutos Provinciales de Vivienda. Estos eran por lo general emprendimientos de pequeña escala, a ejecutarse principalmente en ciudades del interior del país, que privilegiaban la vivienda individual o la colectiva de altura baja, respetaban el lugar de implantación, con un costo mínimo de mantenimiento.
Se originó un proceso de “recuperación de competencias de las provincias como Estados Federales con capacidad e intención de regir sus propias políticas originando un escenario de negociación permanente Nación - Provincias en relación a la distribución de los recursos federales y  la autonomía de su aplicación” .
Estos emprendimientos surgen como alternativa a los grandes Conjuntos de las décadas del sesenta y setenta. Algunos ejemplos son:
Un conjunto de 200 viviendas en Arroyito  construido en 1983, por Gramática y Asoc.
Otro en Argüello construido en 1983, por los Arqs. Moscato y Schere.
El último en el Bajo Flores que data de 1987, por los Arqs. Erbin y Rozanwasser.
En todos ellos se busca reducir la densidad de población y aparece una distribución de partidos con patios. Esto se traducía en una mejora en la calidad de vida de los habitantes.
1989 - 2000
En la década del noventa el Estado inició una política de privatización de las empresas de servicios y retrocedió en las conquistas que paulatinamente se habían logrado a partir de la restauración democrática. En 1992 se produjo la descentralización de la administración de los recursos del FONAVI, lo que produjo un proceso de fragmentación de las políticas habitacionales en las que las provincias adquirieron un rol protagónico.
Los cuantiosos fondos recaudados para el FONAVI fueron en algunos casos aprovechados con gran eficiencia, y en otros el mal uso de los mismos se hace evidente a partir de la calidad de las viviendas construidas, y la escasa cantidad que se ha producido en este periodo.
En la segunda mitad de la década del 90 el Banco Hipotecario Nacional, jugó un rol fundamental mediante el sistema de “securitización” o titulización de hipotecas de los emprendimientos, dando fuerte impulso a la vivienda para sectores medios.
El BHN que desde hacía más de dos décadas sufría de ineficiencias administrativas, en este periodo experimentó un crecimiento significativo, con fuerte saldo positivo en su accionar, tanto crediticio-social, como redituable económicamente para sus arcas. Es entonces debido a la rentabilidad del BHN que el gobierno nacional procede a su privatización con resultados negativos.
En este contexto se produce una segregación residencial de las clases de mayores recursos hacia las tierras periféricas. Estas se trasladan desde los centros urbanos hacia los nuevos complejos edilicios, barrios cerrados residenciales y semi rurales, clubes de campo y otros que adquieren la categoría de viviendas permanentes. El consumo en aumento de tierras periféricas produjo el despegue de las rentas del suelo y excluyeron a los sectores populares de algunas de sus tradicionales áreas de asentamiento.
Institucionalmente se produjo una desestructuración del organismo nacional responsable de la fijación de Políticas de Vivienda, que pasó a formar parte del área de la Secretaria de Desarrollo Social de la Nación. Desde allí se instrumentaron políticas sociales compensatorias centradas en la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) que fueron atendidas con fondos de endeudamiento externo.
2000 - En adelante
Bajo el gobierno de De la Rua se acentuaron los inconvenientes de la ley de convertibilidad. Al respecto dice M. Rodulfo “Los años 2000 y 2001 constituyen un período de recesión y desempleo creciente. “El alto nivel de endeudamiento da lugar a que, los factores externos mantengan su presión sobre el necesario ajuste de las cuentas fiscales que se expresa en el debilitamiento de los fondos federales: suspensión de garantías entre otros”.
En este periodo se produjo una profundización de la crisis político-económico-financiera que terminó por desatar los hechos ocurridos en diciembre de 2001. De allí en más y hasta 2003, se vieron imposibilitadas las capacidades del desarrollo del campo de la construcción de viviendas comunes en general, y de la vivienda de interés social, en particular.
En el marco de una profunda crisis de las capacidades institucionales, se produjo la devaluación de la moneda provocando un gran impacto en la población a causa de la inflación, la desinversión inmediata de las iniciativas y los emprendimientos públicos y privados. Mientras, el índice del desempleo iba en aumento.
En este contexto, los Institutos Provinciales de Vivienda han seguido reclamando durante estos años los fondos para la construcción de viviendas, siendo casi nula la respuesta y los aportes que el estado nacional y provincial pudo ofrecer.
Con la llegada de un nuevo gobierno electo, el de Néstor Kirchner, en el año 2003, se retomaron diversos planes federales con la intención de paliar el déficit habitacional en todos los frentes. Para ello se implementaron obras públicas de gran envergadura a nivel nacional.
A comienzos de 2004 se instauró el Programa Federal de Vivienda y se firmó el Convenio Marco entre el Gobierno Nacional y las Provincias.  Los convenios específicos son firmados entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y los Institutos Provinciales de Vivienda de cada provincia. Para ese entonces, se propuso la construcción de 120.000 viviendas, individuales y colectivas, con tipologías de dos dormitorios y con provisión de todos los servicios. Este esquema se desarrolló con fondos no reintegrables a la Nación. La magnitud de este plan produjo una disminución de un tercio el nivel de desempleo desde el inicio del programa. Actualmente este programa sigue en vigencia.
Los planes de vivienda desde los barrios de la Comisión Municipal de Casas Baratas en 1919, hasta llegar a los Barrios Obreros de la década 1945-55 de Perón,  marcan un rumbo que resulta imprescindible retomar. Aún hoy cuando  ya no se  cuenta con la presión económica del Banco Mundial ni del F.M.I., aunque la presión política persista, no existen elementos que obliguen al Estado Argentino a tomar compromisos con dichos entes internacionales.
Es de hacer notar la importancia de esta inclusión de parámetros de orden urbanístico mas complejos, que  habrán de redundar en beneficios de carácter múltiple, tanto en el mejoramiento del hábitat, como en la economía de los gobiernos  Municipales y Provinciales.
1983  - 1989 
La Guerra de Malvinas iniciada en 1982 terminó de debilitar al gobierno militar que se vio obligado a iniciar la transición con el llamado a elecciones en octubre de 1983.
Con la restitución de la democracia, se impulso una mayor participación y transformación de sectores hasta entonces pasivos.
A través de los planes FONAVI, surgieron nuevos concursos de anteproyectos, bajo las directivas de los Institutos Provinciales de Vivienda. Estos eran por lo general emprendimientos de pequeña escala, a ejecutarse principalmente en ciudades del interior del país, que privilegiaban la vivienda individual o la colectiva de altura baja, respetaban el lugar de implantación, con un costo mínimo de mantenimiento. 
Se originó un proceso de “recuperación de competencias de las provincias como Estados Federales con capacidad e intención de regir sus propias políticas originando un escenario de negociación permanente Nación - Provincias en relación a la distribución de los recursos federales y  la autonomía de su aplicación” . 
Estos emprendimientos surgen como alternativa a los grandes Conjuntos de las décadas del sesenta y setenta. Algunos ejemplos son:
  • Un conjunto de 200 viviendas en Arroyito  construido en 1983, por Gramática y Asoc.
  • Otro en Argüello construido en 1983, por los Arqs. Moscato y Schere.
  • El último en el Bajo Flores que data de 1987, por los Arqs. Erbin y Rozanwasser.
En todos ellos se busca reducir la densidad de población y aparece una distribución de partidos con patios. Esto se traducía en una mejora en la calidad de vida de los habitantes.


1989 - 2000 
 En la década del noventa el Estado inició una política de privatización de las empresas de servicios y retrocedió en las conquistas que paulatinamente se habían logrado a partir de la restauración democrática. En 1992 se produjo la descentralización de la administración de los recursos del FONAVI, lo que produjo un proceso de fragmentación de las políticas habitacionales en las que las provincias adquirieron un rol protagónico. 
Los cuantiosos fondos recaudados para el FONAVI fueron en algunos casos aprovechados con gran eficiencia, y en otros el mal uso de los mismos se hace evidente a partir de la calidad de las viviendas construidas, y la escasa cantidad que se ha producido en este periodo. 
En la segunda mitad de la década del 90 el Banco Hipotecario Nacional, jugó un rol fundamental mediante el sistema de “securitización” o titulización de hipotecas de los emprendimientos, dando fuerte impulso a la vivienda para sectores medios.
El BHN que desde hacía más de dos décadas sufría de ineficiencias administrativas, en este periodo experimentó un crecimiento significativo, con fuerte saldo positivo en su accionar, tanto crediticio-social, como redituable económicamente para sus arcas. Es entonces debido a la rentabilidad del BHN que el gobierno nacional procede a su privatización con resultados negativos.
En este contexto se produce una segregación residencial de las clases de mayores recursos hacia las tierras periféricas. Estas se trasladan desde los centros urbanos hacia los nuevos complejos edilicios, barrios cerrados residenciales y semi rurales, clubes de campo y otros que adquieren la categoría de viviendas permanentes. El consumo en aumento de tierras periféricas produjo el despegue de las rentas del suelo y excluyeron a los sectores populares de algunas de sus tradicionales áreas de asentamiento.
Institucionalmente se produjo una desestructuración del organismo nacional responsable de la fijación de Políticas de Vivienda, que pasó a formar parte del área de la Secretaria de Desarrollo Social de la Nación. Desde allí se instrumentaron políticas sociales compensatorias centradas en la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) que fueron atendidas con fondos de endeudamiento externo.



2000 - En adelante
 Bajo el gobierno de De la Rua se acentuaron los inconvenientes de la ley de convertibilidad. Al respecto dice M. Rodulfo “Los años 2000 y 2001 constituyen un período de recesión y desempleo creciente. “El alto nivel de endeudamiento da lugar a que, los factores externos mantengan su presión sobre el necesario ajuste de las cuentas fiscales que se expresa en el debilitamiento de los fondos federales: suspensión de garantías entre otros”.
En este periodo se produjo una profundización de la crisis político-económico-financiera que terminó por desatar los hechos ocurridos en diciembre de 2001. De allí en más y hasta 2003, se vieron imposibilitadas las capacidades del desarrollo del campo de la construcción de viviendas comunes en general, y de la vivienda de interés social, en particular.
En el marco de una profunda crisis de las capacidades institucionales, se produjo la devaluación de la moneda provocando un gran impacto en la población a causa de la inflación, la desinversión inmediata de las iniciativas y los emprendimientos públicos y privados. Mientras, el índice del desempleo iba en aumento.
En este contexto, los Institutos Provinciales de Vivienda han seguido reclamando durante estos años los fondos para la construcción de viviendas, siendo casi nula la respuesta y los aportes que el estado nacional y provincial pudo ofrecer.
Con la llegada de un nuevo gobierno electo, el de Néstor Kirchner, en el año 2003, se retomaron diversos planes federales con la intención de paliar el déficit habitacional en todos los frentes. Para ello se implementaron obras públicas de gran envergadura a nivel nacional.
A comienzos de 2004 se instauró el Programa Federal de Vivienda y se firmó el Convenio Marco entre el Gobierno Nacional y las Provincias.  Los convenios específicos son firmados entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y los Institutos Provinciales de Vivienda de cada provincia. Para ese entonces, se propuso la construcción de 120.000 viviendas, individuales y colectivas, con tipologías de dos dormitorios y con provisión de todos los servicios. Este esquema se desarrolló con fondos no reintegrables a la Nación. La magnitud de este plan produjo una disminución de un tercio el nivel de desempleo desde el inicio del programa. Actualmente este programa sigue en vigencia.
Los planes de vivienda desde los barrios de la Comisión Municipal de Casas Baratas en 1919, hasta llegar a los Barrios Obreros de la década 1945-55 de Perón,  marcan un rumbo que resulta imprescindible retomar. Aún hoy cuando  ya no se  cuenta con la presión económica del Banco Mundial ni del F.M.I., aunque la presión política persista, no existen elementos que obliguen al Estado Argentino a tomar compromisos con dichos entes internacionales.
Es de hacer notar la importancia de esta inclusión de parámetros de orden urbanístico mas complejos, que  habrán de redundar en beneficios de carácter múltiple, tanto en el mejoramiento del hábitat, como en la economía de los gobiernos  Municipales y Provinciales.
 

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